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CIUDAD DE MÉXICO.- La disputa entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el magnate empresarial Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, alcanzó un nuevo nivel de tensión. Esto se da después de que el director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, revelara que cuatro empresas pertenecientes a Salinas Pliego adeudan la asombrosa cifra de 63 mil millones de pesos en impuestos a la hacienda pública. 

La escalada de tensiones se desató luego de que Salinas Pliego, en un video difundido, rechazara las acusaciones de evasión fiscal por parte de sus empresas y denunciara públicamente que el SAT intentaba extorsionarlo. En sus declaraciones, el empresario también arremetió contra el gobierno, sugiriendo que podrían estar desviándose hasta 50 mil millones de pesos del programa de pensiones para adultos mayores. 

Ante estas acusaciones, el presidente López Obrador respondió llamando a Salinas Pliego a presentar pruebas que respalden sus afirmaciones sobre corrupción en el gobierno.  

López Obrador subrayó que la honestidad es un valor fundamental en su vida y desafió al empresario a respaldar sus acusaciones con evidencia concreta. 

La confrontación se intensificó aún más cuando Salinas Pliego, a través de su cuenta en una red social, criticó la exigencia del gobierno de presentar pruebas, argumentando que un buen gobierno debería actuar sin necesidad de ellas. Además, sugirió que el gobierno protege a la delincuencia y culpó a las víctimas y oprimidos por permitir la impunidad. 

En respuesta a estas acusaciones, el presidente anunció planes para hacer públicos todos los documentos y evidencias relacionados con el adeudo fiscal de las empresas de Salinas Pliego, con el objetivo de evitar la condonación de impuestos a grandes empresas y combatir la corrupción. 

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Ricardo Salinas

Adeudos de empresas de Ricardo Salinas 

Por su parte, Martínez Dagnino aseguró que el SAT siempre ha actuado conforme a la legalidad y detalló que los adeudos de Grupo Salinas se originaron en auditorías realizadas entre 2008 y 2018, ascendiendo a un total de 63 mil millones de pesos, incluyendo actualizaciones, inflación y recargos. 

El exprocurador fiscal Félix Arturo Medina señaló que las empresas de Salinas han impugnado y retrasado la emisión de una sentencia definitiva que las obligaría a pagar sus impuestos. Mientras tanto, la procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, expresó su confianza en que los tribunales colegiados resuelvan a favor del gobierno en este caso. 

La confrontación entre el gobierno y uno de los empresarios más influyentes del país sigue generando intensos debates sobre la transparencia, la responsabilidad fiscal y la lucha contra la corrupción en México. 

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