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CIUDAD DE MÉXICO.- Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, celebró la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo, una medida que busca delimitar y regularizar el ejercicio de suspensión del acto reclamado e inconstitucionalidad de normas generales. La aprobación se llevó a cabo ayer miércoles, con el respaldo de Morena y sus aliados, quienes avalaron en la Cámara de Diputados en lo general y lo particular el dictamen correspondiente. 

Entre los cambios más significativos, se destaca la adición de un último párrafo al artículo 148, que establece que «tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales».  

Asimismo, se eliminó el último párrafo del artículo 129, el cual otorgaba al órgano jurisdiccional de amparo la facultad excepcional de conceder la suspensión, incluso en casos donde pudiera causar mayor afectación al interés social. 

División de poderes y reformas

La titular de Segob expresó su satisfacción por esta reforma, destacando su importancia para garantizar que el Poder Judicial respete la división de poderes en el país. Sin embargo, también lamentó que jueces con evidente sesgo ideológico hayan excedido sus facultades constitucionales al suspender leyes o decretos que, en su opinión, beneficiaban al pueblo de México para proteger intereses de grupo. 

Alcalde ilustró sus afirmaciones con ejemplos concretos, mencionando la suspensión de la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos, que, según ella, favorecían a empresas privadas en detrimento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).  

También señaló la distribución de los libros de texto en perjuicio de la educación pública y gratuita, así como la extinción de fideicomisos del Poder Judicial para preservar sus privilegios. 

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Debate en la Cámara y Ley de Amnistía 

Morena, PT y PVEM en la Cámara de Diputados concretaron la reforma que impide a jueces dar amparos con efectos generales y anula su facultad de otorgar suspensiones en casos excepcionales, sin aceptar ninguna de las 86 reservas presentadas por la oposición. 

Durante las siete horas de discusión, legisladores del PAN, PRI, PRD y MC advirtieron que la reforma representa un retroceso en materia de justicia, derechos humanos y defensa de la población para ampararse, por lo que anunciaron que recurrirán a la Suprema Corte para impugnarla. 

Tras aprobar el dictamen, que pasará al Ejecutivo federal, el pleno inició la discusión sobre los cambios a la Ley de Amnistía, la cual fue aprobada en lo general con 258 votos a favor, 205 en contra y una abstención. 

Esta reforma permite al Presidente liberar de manera automática y discrecional a personas que estén bajo proceso o sentenciadas. 

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