¿Qué pasa entre la UAS y Gobierno del Estado? Aquí un desglose de los hechos

MAZATLÁN. – Mucho hemos leído que la Universidad Autónoma de Sinaloa convoca a la defensa de la autonomía de la universidad, que el gobernador Rubén Rocha Moya argumenta que no deben manifestarse, todo en el marco de la recién aprobada y publicada Ley de Educación Superior, ¿pero en qué momento pasó todo? Aquí un resumen de los hechos.  

15 de febrero 

El Congreso del Estado aprobó por mayoría la reforma de la Ley de Educación Superior de Sinaloa, en donde se discutió que, la Ley era incluyente, garantiza la gratuidad, incorpora las lenguas indígenas, y entrega mejores instrumentos para su desarrollo a las universidades y centros de investigación.  

La bancada del Partido Sinaloense fue quien se opuso y votó en contra de dicha Ley, argumentaron que, con ella, se perdería la autonomía de las universidades y también pueda afectar a los jóvenes que tienen menos posibilidades de ingresar a las universidades, además de que se invaden esferas de competencia.  

1 de marzo  

La Ley de Educación Superior de Sinaloa fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa y entró en vigor, ocasionando que la UAS expresara su descontento en un comunicado en donde rechazaron la Ley, pues se asegura viola flagrantemente la autonomía, principio que había sido garantizado por la Ley General de Educación Superior, vigente a nivel nacional desde abril del 2021.  

Aquí, el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, lanzó el primer llamado a defender a la universidad y a defender su autonomía, a cerrar filas en torno a ella.  

3 de marzo  

El gobernador Rubén Rocha Moya dijo que las autoridades universitarias y el rector Jesús Madueña Molina tienen todo el derecho de impugnar la reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o también, mandar una iniciativa al Congreso del Estado para modificar la Ley General de Educación.  

Ahí mismo, comentó que la intromisión y la violación de la autonomía universitaria venían de personas externas, además, aplaudió la fiscalización de los recursos públicos que maneja la UAS, pues ha quedado demostrado el manejo irregular que se ha ejercido.  

El Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, manifestó su sentir por la Ley de Educación Superior de Sinaloa, pues la Ley General de Educación Superior no puede ser contravenida por una ley local.  

A esto, le sumaron que la facultad del Congreso para solicitar la comparecencia de las y los titulares de las instituciones de educación superior con autonomía constitucional o legal para que informen, es incompatible con la autonomía universitaria porque interfiere en el ámbito jurídico y moral de las instituciones que se rigen por ellas mismas conforme a los principios establecidos en la propia Constitución. 

Este mismo día, la Unidad de Democracia y Justicia Laboral Universitaria, emitió un comunicado con al menos cuatro puntos en donde se expresaban en contra de la Ley y desglosaron que, los más de 90 sindicatos universitarios y alrededor de 250 mil afiliados a la CONTU, respaldaban las acciones de la comunidad “uaseña”. 

Por otro lado, la UAS anunció sesión permanente en su Consejo Universitario y se aprobó un Plan de Acción y una Comisión especial, en donde la propuesta fue estar abiertos al llamado de tomar las calles en caso de requerirse. 

4 de marzo   

Ya con las primeras declaraciones del gobernador respecto al tema, el líder del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, le pidió respeto a la fuerza política del partido, especialmente, después de la alianza que se formó en las elecciones pasadas que lo hicieron gobernador.  

Y es que, el gobernador, en una entrevista, señaló que los votos con que el PAS contribuyó a su triunfo solo representaron el 7 por ciento, cuando la ventaja obtenida fue de 24 por ciento, sumando a la disputa que inició con la UAS hacia el Congreso del Estado por la aprobación de la Ley. 

6 de marzo  

El gobernador, durante “La Semanera”, negó querer apoderarse de la Universidad Autónoma de Sinaloa, aclaró que lo que se busca es que sea más transparente y que también los estudiantes tengan el derecho a elegir al rector, así como a los directores de facultad.  

El mandatario aseguró además que Madueña Molina, al igual que todos los directores de facultades, han sido nombrados por el líder moral del Partido Sinaloense, y que es este quien viola la autonomía de la Universidad. 

Llamó a los estudiantes a no manifestarse por dicha autonomía.  

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Esto contiene la Ley 

La Ley de Educación Superior en Sinaloa contiene al menos ocho puntos específicos, entre ellos: 

-Modificación de la Ley Orgánica, quiere decir que el Congreso del Estado podrá intervenir en la modificación, a través de una consulta con la comunidad universitaria.  

-Elecciones por toda la comunidad. En esta Ley se establece que todos los rectores y los directores de facultades serán elegidos por la comunidad universitaria, es decir, académicos, estudiantes y personal administrativo. Ojo, esto solo hasta que se modifique la Ley Orgánica.  

-Congreso a cargo de consultas. Para una consulta universitaria, será el Congreso del Estado quien las convoque y se respetará la autonomía de la universidad en la organización de las mismas.  

-Universidad gratuita. Se implementará de manera progresiva en función de la suficiencia presupuestal, a partir del ciclo escolar 2023-2024, a las personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.  

-Rendición de cuentas. Con esta Ley, la UAS, entre rectores y directores de facultad, deberán rendir cuentas ante el Congreso del Estado y explicar en qué se ejerce el gasto público al que son beneficiados.  

-ASE y su fiscalización. Los recursos federales transferidos a las Instituciones Públicas de Educación Superior estarán sujetos a la fiscalización de la Auditoria Superior de la Federación conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, como lo determina la Ley General. 

-Apertura con la comunidad universitaria. Podrán participar en el diseño, implementación y evaluación de planes y políticas de educación superior y contravenga lo dispuesto en la Ley o violente los derechos laborales, humanos, escalafonarios, administrativos o académicos de los integrantes de la comunidad universitaria. 

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