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CIUDAD DE MÉXICO. – Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, declaró oficialmente que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 fue un «crimen de Estado» que involucró al expresidente Enrique Peña Nieto y altos funcionarios gubernamentales. Esta afirmación se basa en las conclusiones del Segundo Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en Ayotzinapa (Covaj). 

Según el informe, las autoridades federales, estatales y municipales estaban al tanto de la movilización de los estudiantes y fueron negligentes en su participación y omisiones, lo que permitió la desaparición y ejecución de los normalistas, así como el asesinato de otras seis personas. Además, se sugiere que se manipularon pruebas y se creó una versión falsa de los hechos conocida como la «verdad histórica». 

Encinas también indicó que todo apunta a que los estudiantes ya no están vivos, sino que fueron asesinados. Incluso se mencionó que el expresidente Peña Nieto presidió una reunión en la que se acordó la construcción de la «verdad histórica». 

El subsecretario de Gobernación reconoció vínculos entre el grupo criminal Guerreros Unidos, señalado en la «verdad histórica», y las fuerzas de seguridad, incluyendo elementos del Ejército nacional. Según el informe, militares y policías federales vendieron armas y municiones a Guerreros Unidos. 

El informe se basa en declaraciones en expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR), documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), levantamientos en campo, documentos del Gobierno estatal y testimonios, entre otros materiales. 

En relación con el homicidio de Julio César Mondragón Fontes, el subsecretario negó que haya sido asesinado en otro lugar que no fuera Ciudad Industrial, aunque reconoció que toda la evidencia apunta a que Mondragón fue asesinado en la zona industrial. 

El informe también concluyó tres hipótesis sobre el motivo de la desaparición de los normalistas: una confusión de Guerreros Unidos respecto a la presunta infiltración de un grupo rival entre los estudiantes, la intención de dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas del alcalde de Iguala y Guerreros Unidos, y la posibilidad de que alguno de los autobuses tomados por los normalistas transportara drogas, armas o dinero. 

Avances en el proceso

Hasta el momento, hay 132 personas detenidas, incluyendo miembros de Guerreros Unidos, policías de diferentes niveles, el exprocurador general de la República y elementos de la Sedena. Además, existen 51 órdenes de aprehensión pendientes y tres solicitudes de extradición, incluyendo la de Tomás Zerón. 

Encinas destacó los desafíos en el proceso judicial, como la interpretación discrecional de los jueces y la dispersión de las carpetas de investigación en diferentes juzgados. También señaló la negación de asumir competencia territorial y la falta de reconocimiento del delito de tortura como un asunto de competencia federal. 

El informe también reveló que se han llevado a cabo 138 acciones de búsqueda en nueve municipios. Encinas subrayó que la diligencia en la que se encontró a Alexander Mora Venancio en octubre de 2014 está bajo investigación por faltas administrativas y manipulación del lugar del hallazgo de los restos. Quedan dos restos óseos por analizar, encontrados en Paraje Las Cuevillas en Apetlanca y en Paraje de la Sierpe en Iguala. 

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