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MAZATLÁN. – La recién reforma de la Ley Minera en las comisiones del Congreso de la Unión ha dividido a los activistas con respecto a los derechos, pero también los riesgos que implica con el tema del uso correcto del agua o los problemas de salud pública a los que se pueden enfrentar si no se regula el uso adecuado para esta actividad.  

La asociación civil Conselva, Costas y Comunidades denuncia que la versión aprobada de dicha Ley anula protecciones y presenta cambios en el uso incorrecto del recurso hídrico, sobre todo, ante la sobreexplotación de los mantos acuíferos que pone en riesgo la seguridad y salud de los mexicanos.  

“Esta iniciativa parte de una propuesta original que buscaba proteger los recursos hídricos del País; sin embargo, la versión aprobada anula dichas protecciones y presenta cambios significativos, que aún pueden ser detenidos por el Senado”, explicaron.  

Según Conselva, en lo que respecta a las concesiones de agua para uso en minería, la iniciativa original suponía pasar de 50 años a 15 años con posibilidad de una prórroga pendiente a la comprobación de cumplimiento con sus obligaciones hídricas y ambientales. La versión aprobada propone concesiones de 30 años con una prórroga de 25 años, con preferencia a una nueva licitación por otros 25 años. 

¿Qué proponen? 

A nivel nacional, los activistas hicieron un llamado para que el Senado de la República frene estas reformas, analice y defienda el derecho del agua, su uso, su sobreexplotación, pero también su protección a favor de los ciudadanos y el medio ambiente, incluso, han lanzado una iniciativa de firmas para que se logre su modificación.  

Los que están a favor de la Ley Minera 

La “Colectiva Cambiémosla Ya” envió un comunicado en el que urge la votación inmediata en el pleno del Senado para aprobar dicha Ley, pues para ellos, están a un paso de lograr, después de 31 años, de la defensa de su territorio ante las concesiones.  

“Estamos a un paso de contar con un nuevo marco legal que comience a regular la actividad minera; esto permitirá poner con regulación ambiental para reducir los impactos de las operaciones mineras, evitar la especulación financiera y contar, al fin, con mejores herramientas para la defensa de los territorios”, declaran.  

Esta reforma, además, prohíbe la minería en áreas naturales protegidas y en zonas sin disponibilidad de agua, o zonas en las que la actividad minera ponga en riesgo a la población; obliga a las empresas a realizar un programa de restauración, cierre y post-cierre de trabajos mineros, elimina la expropiación como derecho del concesionario; divide y diferencia los procesos de exploración y de explotación.  

Diputados abiertos al diálogo  

La diputada Federal, Laura Imelda Pérez Segura, señala qu el Congreso de la Unión está abierto al diálogo para todos aquellos activistas o grupos sociales que buscan, con argumentos, alguna revisión o modificación de dicha iniciativa que se presentó desde el Poder Ejecutivo.  

“Esta reforma tiene avances importantes tradicionalmente y lo podemos palpar en las demandas de las comunidades desplazadas por las mineras, tradicionalmente el agua no era un derecho fundamental, no estaba por encima, hoy el agua está por encima de cualquier otro derecho y ese es un paso bien importante”, dijo.  

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