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CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 23 estados de la República mexicana se encuentran a la espera de que se legalice el aborto, organizaciones a favor de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres consideran que en lo que va de este sexenio existe un gran avance en la materia, en contraste con las trabas que otros gobiernos pusieron.  

Tomando en cuenta que la primera despenalización ocurrió en 2007, en la Ciudad de México, y la segunda en 2019, en Oaxaca, el avance de los últimos dos años ha fluido gracias al intenso activismo de colectivos que sumaron aliados en los congresos de Hidalgo, Veracruz, Coahuila y Colima, los cuales se colocaron el pañuelo verde en 2021, y Sinaloa, Guerrero y Baja California en 2022.   

Sin embargo, aseguran que aunque estamos ante un escenario histórico, queda mucho trabajo por hacer para sacar al procedimiento de los códigos penales en los estados restantes, garantizar que el sistema de salud pública brinde el servicio de forma segura y gratuita, y eliminar las causales que dificultan el acceso al procedimiento en los estados donde ya es ley.   

En el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, que se celebró el 28 de septiembre, las activistas celebran el fallo histórico con el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llama a la no criminalización de las mujeres que acceden al procedimiento, pues abona a la despenalización social. 

Ninde Molre, coordinadora de Incidencias en Abortistas Mx, dijo: «Vamos muy bien, pero podríamos hacerlo mejor», pues queda una agenda pendiente con la implementación del ejercicio, pues en varios estados donde ya es ley aún se obstaculiza.   

«Existen estados como Guerrero que le han devuelto a la mujer la autonomía sobre su cuerpo, eliminando el plazo para acceder al proceso, o Hidalgo, donde los servicios médicos están altamente preparados, sensibilizados, brindan información y eliminaron causales; por ejemplo, realizan el procedimiento a cualquier persona gestante que lo solicite, no sólo a víctimas de violación», dijo.   

«Hay otros en donde es un delito abortar después de la semana 13 o hacerlo bajo otra causal que no sea violación. Algunos más marcan que la mujer tiene un periodo máximo de cinco días para realizarlo después de su solicitud, entonces, les dan cita un día para el ultrasonido, otro para trámites, etcétera. Así detienen y evitan su derecho. Son los obstáculos contra los que tenemos que luchar», indicó la activista.  

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Faltan recursos para la despenalización del aborto

Por otra parte, Aide García, codirectora de Católicas por el Derecho a Decidir, precisó que, si bien, se ha avanzado en la despenalización del aborto durante este sexenio, falta liberar recursos suficientes para programas de salud sexual y reproductiva.   

«Es una demanda importante que le hacemos a todas las instancias del estado tanto a nivel legislativo, estatal y federal, porque se tiene que reconocer que sin recursos el servicio no es posible ni, aunque sea legal (el aborto)», expresó.   

Brenda Gutiérrez, integrante de Fondo María, consideró que la trampa en la legalización está en que, aun existiendo todos estos accesos en los estados donde ya es ley, las causales y la falta de presupuesto detienen la marcha, sobre todo en la despenalización social: «Queda mucho por luchar, lo más importante es que el aborto tiene que salir del código penal porque es un hecho común en las personas con capacidad de gestar», dijo.  

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