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MAZATLÁN. – A partir de este 2022, las empresas en México deberán trabajar en una certificación propuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera, frente al tema de lavado de dinero y estarán obligadas a tener un responsable de cumplimiento, en acato a la Ley Antilavado.

Yolanda Díaz Galindo, directora de AML Expertise & Consulting, explicó que, aunque la Ley Antilavado en México entró en vigor en 2013, apenas este 2021, se invitó a las empresas a certificar a una persona de su personal para atender y cumplir con dicha Ley.  

“Las empresas que están obligadas deben tener el responsable de cumplimiento, deben nombrar a una persona que se encargue con las regulaciones de la A a la Z, tienen que estar cumpliendo vigilados, la Unidad de Inteligencia Financiera les dio la obligación de certificar a este responsable con el tema de lavado de dinero”, declaró.  

¿A quiénes aplica la Ley Antilavado?  

A todas las empresas que se encuentran en la lista de segmentos vulnerables frente al lavado de dinero, entre ellas, constructoras, inmobiliarias, casinos, casas de empeño, joyerías, tarjetas departamentales, de prepago, combustibles, entre otras, aunque no se descarta que se generalice a todas.  

Este responsable certificado será elemental para vigilar los movimientos que se realicen en cuestión de pagos, que regule y conozca acerca de las prohibiciones que se tienen en México con respecto al tema del lavado de dinero, de tal manera que ninguna empresa caiga en eso, por terceros o por desconocimiento.  

“Hacer conciencia entre empresarios mazatlecos del sector inmobiliario y de la construcción y que tomen en cuenta el tema de la certificación. Consideren invertir en la capacitación que les ayudan con el cumplimiento de estas decisiones”, dijo Díaz Galindo. 

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¿Te interesa? Estos son los requisitos  

La directora de AML Expertise & Consulting enlistó que para recibir la capacitación y estar certificado, deberán trabajar en los giros de actividades vulnerables, contar con al menos, un certificado de preparatoria, CURP, RFC, INE, además cubrir con el costo del examen de la certificación.  

La fecha de inscripción y de aplicación estipulada por la Unidad de Inteligencia Financiera es del 20 de agosto al 7 de octubre; una vez que se cumpla con esto, la UIF dará paso a las auditorías, en caso de detectarse actividad ilícita, la sanción va desde multas administrativas hasta prisión entre 5 y 15 años. 

Sinaloa el más participativo en certificación 

Díaz Galindo señaló que, durante el 2021, Sinaloa fue uno de los estados con mayor participación de certificación de responsabilidad, sin embargo, aun así, solamente se han logrado certificar el 60 por ciento de las empresas en el padrón, de 800 empresas, solamente 250 han participado en estas certificaciones.  

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