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OAXACA.- Organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluidas activistas de Oaxaca, impulsan una estrategia para que desaparezca el delito de aborto en los códigos penales de los estados donde aún es punible, a la par que acompañan a mujeres que presentaron amparos para evitar ser juzgadas por abortar. 

Este avance daría «la posibilidad de mirar al aborto como un derecho», precisa Libia Edith Valdés Santiago, representante de Ixmucane A.C., en entrevista con El Universal. 

De las 32 entidades de la República Mexicana, solo Ciudad de México, Veracruz, Hidalgo, Baja California, Oaxaca y Colima han reformado su Código Penal en favor de las mujeres. 

La iniciativa de formar una red de este tipo surgió en 2020, con una serie de estrategias que se tejen entre organizaciones civiles que trabajan a favor de los derechos de las mujeres. 

Una de sus acciones es presentar amparos que fueron estructurados por el activista y abogado oaxaqueño Alex Ali Méndez, quien impulsa campañas por el derecho de las mujeres a decidir. 

Entre sus logros destaca el caso de un amparo contra la regulación del delito de aborto en Nuevo León, otorgado por un juez a una mujer no embarazada, con lo que ella podría más adelante tener un aborto sin ser criminalizada por ello. 

En esta red también participan organizaciones de Chihuahua, Durango, Veracruz, Tabasco, Jalisco, Yucatán, Nuevo León y Quintana Roo, entre otras entidades. Sobre Oaxaca, la activista Libia Valdés recuerda que en 2019 se aprobó en el Congreso local una modificación al Código Penal que contempla la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12. 

La también jurista destaca que esta modificación quedó por debajo de lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en septiembre pasado, pues ésta indica que no se debe criminalizar el aborto, mientras que en Oaxaca este tipo penal sigue vigente después de las 12 semanas.

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«Aunque la pena disminuyó, el aborto sigue siendo un delito y sigue siendo castigado. Lo que dice la Corte es que no debería existir como un delito cuando es decisión de las mujeres, sin importar el plazo. La idea es que el aborto sólo sea delito cuando se obligue a la mujer a abortar». 

De acuerdo con datos del sector Salud, en 2019 no se registraron abortos en la entidad; en 2020 hubo 16 casos, y hasta el 31 de agosto de 2021, suman 47. 

A dos años de la despenalización del aborto en Oaxaca,  el acceso real y ejercicio de este derecho aún es lejano y condicionado en función de  las diferentes realidades que viven las mujeres, coinciden activistas. 

En tanto, el sector Salud estatal aún no asume la responsabilidad de brindar el servicio de interrupción del embarazo de manera adecuada. 

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En Oaxaca los abortos se siguen llevando en casos de acompañamiento como colectivas y organizaciones, al ser más seguro, organizado, humanizado y digno para las mujeres. 

«Con la reforma a la ley de Salud, aprobada por la legislatura saliente, el siguiente paso son los lineamientos para el servicio de aborto seguro», detalla Libia. 

Y subraya que hace falta trabajar en la eliminación de la estigmatización social para el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a decidir. 

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