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APATZINGÁN.- La imposición de un impuesto criminal por parte de grupos delictivos en Michoacán ha llevado al cierre de varias empresas dedicadas a la producción, empaque y procesamiento de limón en la región. La grave situación ha generado una disminución significativa en el precio del limón de empaque, exacerbando la crisis económica en el sector. 

Desde el año pasado, los empresarios de esa cadena agrícola pararon la producción un mes como medida de presión para que las autoridades intervinieran y acabaran con el problema del cobro de piso y el precio fijado por las organizaciones delictivas. 

En las últimas semanas, el precio del limón de empaque ha descendido de 11 a seis pesos por kilo. Sin embargo, este monto se reduce aún más debido a los dos pesos fijos que los productores, empacadores y empresas procesadoras deben pagar como «cuota» al crimen organizado.  

Medios nacionales han publicado que a esta carga se suman otros dos pesos por kilo, destinados a sufragar los costos de los empaques y las empresas de transporte de carga que circulan por carreteras controladas por el crimen. 

Adicionalmente, ha surgido un nuevo impuesto conocido como la «multa», cuyos montos oscilan entre 100 mil y 2.5 millones de pesos. Este gravamen se aplica en casos de atraso en los pagos exigidos o si los criminales perciben que han sido «burlados». 

Para los pobladores, agricultores y las cuadrillas de trabajadores ya es insostenible esta situación, porque es estar a tres fuegos e intentar a diario sostener una cadena productiva en la que mandan los grupos delincuenciales. 

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Limón

Cierre de empresas dedicadas al limón 

La crisis ha cobrado sus primeras víctimas con el cierre de empresas prominentes en el sector citrícola, entre ellas Frulider, Citrojugo y su procesadora Sicar.  

Frulider se especializaba en la elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles, principalmente derivados del limón, mientras que Citrojugo se dedicaba a la compra y procesamiento del mismo. 

Ante la imposibilidad de afrontar la carga financiera impuesta por estos impuestos criminales, las empresas citrícolas se han visto obligadas a cerrar sus puertas.

Falta más seguridad

Este escenario se desarrolla en medio de operativos en diversos municipios de la región de Tierra Caliente, llevados a cabo tanto por fuerzas estatales como por las autoridades federales de seguridad.  

La situación destaca la urgente necesidad de abordar la seguridad y estabilidad económica en la región para proteger a los empresarios y trabajadores afectados, para que el sector salga de sus crisis. 

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