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El Congreso del Estado discutirá y votará el rechazo al veto impuesto por el ejecutivo estatal en abril del 2021, a las reformas de protección animal, por considerar inoperantes los criterios formulados de que se configuran dos regímenes jurídicos; por un lado, se permite la pelea de gallos y la charrería y por otro lado de prohíbe la tauromaquia.

Los diputados miembros de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, Ecología y Desarrollo Sustentable y de Justicia, en forma unánime rechazaron el veto impuesto por el exgobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel.

En su dictamen los legisladores locales expusieron que se prohíben las corridas de toros, al considerar que con su práctica se afecta los derechos de la sociedad en general, la cual está interesada en cuidar y respetar los animales.

Sobre el tema de las peleas de gallos, observaron que al intervenir en su realización las apuestas su carácter federal, impide al estado establecer su regularización; porque sería inconstitucional invadir las esferas de competencia federal, por estar reglamentadas en materia de juegos y sorteos.

Pero, además, se dispone que es la Secretaría de Gobernación la que da permisos para celebrar este tipo de eventos, dependencia que vigila su naturaleza, de ahí que el estado no pueda intervenir, ni reglamentar.

Su dictamen de rechazo al veto impuesto al decreto 581 que contiene Reformas y Adiciones y deroga diversas disposiciones a la Ley de Protección Animal, Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable y al Código Penal del Estado será llevado al pleno para su discusión y votación.

En enero pasado, los miembros de la LXIII Legislatura Local aprobaron reformas a la Ley de Protección Animal, en las que se contempla la creación de Centros de Salud y Bienestar Animal, escuelas de adiestramiento, estancias y hospedaje para alojar en forma temporal o permanente a los animales, con asistencia de veterinarios y personal capacitado en su manejo.

Con las reformas, se establece castigos que van de seis meses a dos años de prisión y una sanción económica de cien a doscientas veces, el equivalente diario de la Unidad de Medida y Actualización a quienes se manera dolosa cometan actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal doméstico o silvestre.

Durante la discusión de la iniciativa de reformas, presidenta de la Comisión de Justicia, diputada Alma Rosa Garzón Aguilar, tuvo que aclarar que los centros a constituir, tienen la finalidad de atender y cuidar los animales, no para ser sacrificados, como se malinterpretó.

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