¡Uff, qué alivio! Libera Suprema Corte al Estado de Sinaloa de pagar 1,360 millones de pesos

MAZATLÁN.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un resolutivo a favor de Gobierno del Estado y ya no pagar una demanda por alrededor de mil 360 millones de pesos por dos demandas, una por abogados y otra por el Fondo de Vivienda.  

La primera demanda fue por el orden de aproximadamente 360 millones de pesos de una firma de abogados por carecer de fundamento; la otra por más de mil millones de pesos de un Fondo de Vivienda para trabajadores jubilados. al que nunca se cotizó durante los gobiernos anteriores al suyo. 

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El gobernador Rubén Rocha Moya, mencionó que a los dos fallos que emitió este miércoles la Suprema Corte son un descanso para la capacidad financiera para continuar con la obra pública.  

“Uno es un tema de Fondo de Vivienda de jubilados, que ya habían determinado que el Estado nunca les dio… nosotros ya tenemos un Fondo de Vivienda para trabajadores del Estado, pero había demandas de jubilados de hacía 28 años, y la Corte resolvió que no es obligación del gobierno porque no se cotizó entonces”.  

Rubén Rocha Moya
Gobernador del Estado de Sinaloa

Señaló que, en el segundo caso, se trata de una demanda que había interpuesto dos abogados de Jalisco contra un despacho al que prestaron sus servicios, el cual a su vez fue contratado durante el gobierno del ex gobernador Mario López Valdez que exigían el pago de aproximadamente 360 millones de pesos de honorarios de parte del Gobierno del Estado de Sinaloa, como obligado solidario, demanda que no prosperó por infundada. 

“El segundo tema es de un despacho de abogados vivales, que según esto le dieron asesoría al gobierno de Malova, se demandaron entre ellos, es decir, estos abogados demandaron al Despacho para que les pagaran los honorarios, argumentando que el responsable solidario era el gobierno, y por ello demandaban por 360 millones de pesos”, dijo. 

El mandatario estatal añadió que este caso fue a parar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto que iba en perjuicio del gobierno de Sinaloa, para ordenarle el pago de esos 360 millones de pesos, pues gobierno del estado ya había ganado un amparo al respecto. 

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