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MAZATLÁN. – La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa emitió al menos 4 puntos que requieren la acción de las autoridades estatales, en respuesta a los hechos ocurridos a inicios del mes, que resultaron en el desplazamiento forzado de algunos habitantes en las localidades de Sinaloa (municipio) y Salvador Alvarado.   

Óscar Loza Ochoa, responsable de la Relación con Instituciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, envió una notificación al gobernador Rubén Rocha Moya, destacando cuatro puntos cruciales que las autoridades deben cumplir para garantizar el bienestar de la ciudadanía afectada. 

Los puntos son:  

1.- Los desplazados internos deben disfrutar de los mismos derechos y libertades reconocidos por el derecho internacional y el derecho interno, sin discriminación alguna basada en su condición de desplazados internos. 

2.- Las autoridades nacionales tienen la obligación y responsabilidad primarias de brindar protección y asistencia humanitaria a los desplazados internos dentro de su jurisdicción. 

3.- Estos principios deben aplicarse sin distinción de raza, color, género, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional, étnico o social, condición jurídica o social, edad, discapacidad, posición económica, nacimiento o cualquier otro criterio similar. 

4.- Ciertos grupos vulnerables, como los niños, especialmente los menores no acompañados, mujeres embarazadas, madres con hijos pequeños, mujeres jefas de familia, personas con discapacidades y personas de edad avanzada, tienen derecho a protección y asistencia que se ajusten a sus necesidades especiales. 

El comunicado expresa su preocupación ante el regreso de los desplazados a sus comunidades sin que las condiciones que propiciaron su desplazamiento hayan sido resueltas. 

Recordemos que, a finales de julio, se suscitaron hechos violentos en comunidades rurales del municipio de Sinaloa, que afectó a lugares como La Sierrita de los Germán, San José de las Delicias, Las Calabazas, La Higuerita, Corral Quemado, El Pueblito, Milpas Viejas y El Opochi, lo que tuvo repercusiones de ciudadanos en algunas rancherías y comunidades que se ubican en el municipio de Mocorito. 

“Es muy importante que los principios rectores de los desplazamientos internos de la ONU estén presentes en las acciones de la autoridad, pues ellos orientan correctamente la atención a las víctimas de este fenómeno y fortalecen los lazos de quienes en estos momentos viven una profunda orfandad en materia de seguridad”, informaron en el documento. 

Entre las medidas cautelares recomendadas se encuentran: garantizar la seguridad y la libertad de movimiento, proveer alimentos, agua, vivienda, atención médica y educación, facilitar el acceso al empleo o medios de subsistencia, restituir viviendas, tierras y propiedades, permitir el acceso a documentos personales, promover la reunificación familiar, brindar participación en asuntos públicos y asegurar el acceso a la justicia y la reparación del daño. 

Dato 

Este sábado 12 de agosto, las autoridades estatales han establecido una brigada de atención para recopilar las necesidades en estas comunidades afectadas y brindar asistencia. 

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