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CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal concedió la primera suspensión definitiva para detener, por tiempo indefinido, las obras del Tramo 5 del Tren Maya, que se ubica entre Playa del Carmen y Tulum. 

El juez Primero de Distrito en Yucatán concedió la suspensión definitiva a uno de los amparos promovidos por grupos ambientalistas que se oponen a la construcción del Tren Maya, una de las obras prioritarias del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

«Se concede a J.G.U.B., G.D.M. y V.F.D. la suspensión definitiva de los actos que reclama al Fondo Nacional de Fomento al Turismo [Fonatur] y Fonatur Tren Maya, Sociedad Anónima de Capital Variable, por los motivos expuestos en el considerando octavo», señala la síntesis del resolutivo. 

Fuentes federales informaron que los efectos de la medida son los mismos que la suspensión provisional que el juez concedió en el mismo juicio de amparo 884/2022. 

Es decir, se trata de frenar la ejecución de las obras relacionadas con la «construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique ejecución material» del Tren Maya. 

La resolución del juez puede ser impugnada mediante un recurso de revisión y, de presentarla, será un Tribunal Colegiado del estado quien resuelva si mantendrá vigente o no la medida. 

Las suspensiones provisionales concedidas por el juez en este y otro amparo similar ya fueron confirmadas por el Tribunal Colegiado por la falta de la manifestación de impacto ambiental (MIA) de la megaobra, misma que en el caso del Tramo 5 está a consulta pública entre el 23 de mayo y el 17 de junio. 

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Si de la consulta pública las autoridades obtienen la MIA, pueden presentarla al juez para intentar convencerlo de revocar la suspensión definitiva y, eventualmente, negar el amparo solicitado. 

A pesar de que la suspensión definitiva ordena a Fonatur y Fonatur Tren Maya no ejecutar obra alguna, no abarca así a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). 

El contrato para el Tramo 5 Sur fue adjudicado al consorcio Grupo México y Acciona Infraestructuras, por lo que la suspensión sí obliga a estas empresas frenar las obras. 

Al tratarse de un proyecto de construcción prioritario para la administración pública, López Obrador ha acusado que las organizaciones ambientalistas que están en contra del Tren Maya y han tramitado amparos, son financiadas por el gobierno de Estados Unidos. 

Desde abril pasado, el Titular del Ejecutivo federal reclamó que cuando su gobierno cuestionó a Calica, empresa estadounidense que tiene una concesión para extraer materiales en esa zona, esas organizaciones no se manifestaron en contra. 

«Lamentablemente desde hace muchos años y nunca los ambientalistas habían protestado, por qué, pues, así como hay ambientalistas de verdad, serios, responsables, hay seudoambientalistas, más que nada, vividores que están al servicio de grupos de intereses creados. Incluso hay organizaciones de ambientalistas que están financiadas por el gobierno de Estados Unidos. 

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«Y es casualidad, pero resulta que empezamos a decidir sobre una empresa que se lleva materiales de esa zona a Estados Unidos, una constructora muy famosa, yo creo que es la constructora más fuerte en Estados Unidos, que tenía un banco, tiene, nada más que ya no se le permite extraer material, les dieron permiso para eso y están causando un gran daño y es contra el Tren Maya, no contra la empresa», señaló en una de sus conferencias. 

Por ello, justificó la emisión del decreto para agilizar los trámites de las obras prioritarias y que las blinda al clasificarlas como de seguridad nacional. 

«Por eso fue el acuerdo, decir: ‘A ver, mientras tienes los permisos, como nosotros no somos destructores del medio ambiente, como nosotros no buscamos el lucro, como nosotros lo que queremos es ayudar al pueblo y queremos que haya justicia y que haya desarrollo, no vamos a cometer la barbaridad de destruir la selva'», expuso. 

 ¿Qué sigue? 

La suspensión definitiva concedida por el juez Primero de Distrito impide, por ahora, ejecutar la construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique ejecución material del Tramo 5 del Tren Maya, que corre de Playa del Carmen a Tulum. 

Este impedimento obliga al Fonatur, Fonatur Tren Maya, Grupo México y Acciona Infraestructuras a no ejecutar obra alguna. 

El gobierno federal puede impugnar mediante un recurso de revisión que resolverá un Tribunal Colegiado. 

También puede intentar, mediante un incidente, convencer al juez de revocar su propia decisión presentando la manifestación de impacto ambiental. 

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La suspensión definitiva no implica la concesión del amparo. 

Para ello, el juez celebrará el próximo 23 de junio una audiencia constitucional 

En esa audiencia estudiará todos los informes de las autoridades, los alegatos de los quejosos y tomará una decisión. 

Esta decisión será emitida en sentencia definitiva en la que el juez decida si concede o no el amparo.

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