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MAZATLÁN. – Cuando hablamos de la playa, nos enfocamos en disfrutar, sentarnos en la arena y estar ahí, descansando, pero, en materia ambiental, económica y de seguridad, ¿a quién le toca?, ¿quién regula, autoriza y controla?, pero, sobre todo, ¿a quién le toca conservarla?

Preguntas cemo estas fueron respondidas en el panel, “Gestión Costera desde lo local: Alcances y Desafíos”, en el marco del tercer aniversario de Son Playas, un medio de comunicación especializado en temas ambientales.

Esteban García Peña, director de compañas pesqueras de Oceana México, mencionó que esto es un problema multifactorial y multisectorial, ¿qué quiere decir? Que nos toca a todos, desde las autoridades federales con proyectos de mitigación de erosión de playas, regulación en permisos o Manifestaciones de Impacto Ambiental, al estado y al municipio.

“El municipio tiene el poder del ordenamiento municipal, programas parciales o desarrollo urbano y el ordenamiento ecológico local, esos tres, son los instrumentos que determinan los usos de suelo, lo que debería ocurrir es que estos sean permanentes o revisables no cada que llega un presidente o presidenta municipal”, comentó.

Omar Cervantes, coordinador Red Iberoamericana ProPlayas, explicó que los municipios costeros tienen todas las herramientas para actuar a favor de las playas, solo es cuestión de saber cómo funcionan y ejecutarlas, si no, las acciones que se logren implementar solo ayudarán por encima, más no de manera integral, desde el trasfondo.

Por su parte, Abril Montijo Galindo, investigadora del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, explicó que, en Mazatlán, se requiere actuar con urgencia en materia de ordenamiento de los espacios, dejar de construir sobre la arena, que, en un futuro, solamente va a traer más consecuencias económicas que beneficios.

“El municipio recibe un beneficio económico, la federación le dio un beneficio del uso o goce de la infraestructura en la playa, esto con la finalidad de que implemente acciones de vigilancia, protección y ordenamiento que sabemos, no se hace, esa es la facultad”, dijo.

Además, entre los ponentes, explicaron que, la construcción de torres con más de 20 pisos, arriesgan el bienestar de un ecosistema, pero también, violan el derecho a la vista de la playa de sus ciudadanos, además de traer consecuencias en materia de seguridad frente a un huracán, que, en lugar de mitigar, generan túneles de viento que cambian su ciclo.

“Esas torres generan unos túneles de viento y quiero ver lo que va a pasar, estos túneles que se generan modifican y afectan la infraestructura, ¿por qué se construyen y se permiten edificios tan vacíos? Yo sé que es el turismo, pero el turismo también está tomando otro interés más responsable, que podría ser ícono”, dijo Omar Cervantes.

Desde Los Cabos, Baja California Sur, el director del Instituto Municipal de Planeación, Ussiel García Moreno, coincidió que al municipio también le toca y tiene jurisdicción en el ordenamiento costero, que, sin duda, un ejemplo claro para no convertir ciudades como Mazatlán y Los Cabos, en Acapulco, Guerrero.

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