Profepa no perdona: mantiene multa de 10.4 mdp a Mazatlán por basurón

MAZATLÁN.- El gobierno de Mazatlán mantiene desde diciembre de 2025 una multa de 10 millones 444 mil 60 pesos impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), luego de incumplir con el cierre definitivo del basurón municipal, ubicado en terrenos del Ejido Urías. 

A través de un comunicado difundido este 3 de julio de 2026, la Profepa informó que la sanción permanece vigente y que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la legalidad y validez de la resolución administrativa impugnada por el Ayuntamiento mediante un juicio de nulidad. 

Como parte del cumplimiento de esa resolución judicial, el 1 de julio de 2026 personal de la dependencia ejecutó la clausura total definitiva del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

La Procuraduría explicó que el procedimiento administrativo se originó tras una inspección realizada los 2 y 3 de junio de 2022, en la que detectó diversas irregularidades en la operación del basurón, entre ellas incumplimientos a la NOM-083-SEMARNAT-2003 y la falta de estudios para determinar la peligrosidad de los lixiviados generados por la descomposición de los residuos. 

Derivado de esas observaciones, el 26 de octubre de 2022 se notificó al Ayuntamiento el inicio del procedimiento administrativo y se le requirió presentar un plan de regularización para corregir las deficiencias y avanzar hacia el cierre ordenado del sitio. 

Posteriormente, el municipio entregó un plan que contemplaba la clausura entre agosto de 2023 y julio de 2024.  

Sin embargo, durante una visita de verificación realizada el 6 de agosto de 2025, inspectores de la Profepa comprobaron que, aunque las celdas A, B y C ya estaban cerradas, la celda D seguía recibiendo residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

Además, esa celda carecía de sistemas de impermeabilización, como geomembranas, para evitar la filtración de lixiviados al suelo y a los mantos freáticos.

La dependencia también señaló que el Ayuntamiento no presentó la caracterización de los lixiviados generados durante los cinco años previos mediante un laboratorio acreditado, lo que impedía determinar si esos residuos presentaban características de peligrosidad conforme a la legislación ambiental.

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Por estas irregularidades, el 2 de diciembre de 2025 la Profepa impuso la multa por 10 millones 444 mil 60 pesos, ordenó la clausura definitiva del sitio y estableció medidas de urgente aplicación, entre ellas reducir de inmediato en 30 por ciento el ingreso de residuos, disminuirlo gradualmente hasta llegar a cero en un plazo máximo de seis meses, presentar un programa calendarizado para el cierre definitivo, realizar monitoreos ambientales trimestrales durante tres años en cuerpos de agua superficiales y subterráneos cercanos, así como entregar la caracterización de los lixiviados. 

Aunque el Ayuntamiento promovió un juicio de nulidad el 29 de enero de 2026, la Profepa informó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la legalidad de su actuación. La sentencia fue notificada a la dependencia el 2 de junio de 2026, lo que permitió ejecutar la clausura definitiva del basurón el pasado 1 de julio. 

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