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MAZATLÁN.- Los incendios forestales que se registraron este año en Sinaloa han emitido alrededor de 1 millón de toneladas de dióxido de carbono y con la quema de soca, esto podría duplicarse, informó la secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral.

“Tan solo de incendios forestales fueron 1 millón 282 mil 316 toneladas de dióxido de carbono emitidos en lo que va del año, pero ahora hay que agregarles los emitidos por la quema de soca que podrían ser mucho más. Las emisiones excesivas de este gas son de las causas principales del cambio climático”, declaró durante la conferencia La Semanera.

Esta categorización identifica el aire de mala calidad a partir de 1200 partes por millón, considerados como el nivel máximo recomendado de CO2 en ambientes interiores: hasta 350 ppm con calidad de aire interior alta. Entre 350 y 500 ppm calidad de aire interior buena.

Pérez Corral señaló que es importante evitar la quema de soca, los agricultores tienen que encontrar otras maneras de quitar los desechos de su siembra sin prender fuego y los ciudadanos deben denunciar para controlarlos a tiempo, para que así, la autoridad correspondiente, sobre todo los ayuntamientos, puedan aplicar la legalidad e imponer multas a quien cometa este delito.

¿Hay sanciones por quema de soca?

Las sanciones por este delito van desde económicas hasta años de cárcel, establecidas desde agosto del 2020 por parte del Congreso del Estado, que realizó reformas a delitos ambientales para penalizar la quema de soca en Sinaloa, desde 500 a 3 mil salarios mínimos, y de uno a siete años de cárcel.

Llama a Sebides a iniciar procedimientos para las sanciones

El secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, llamó a la titular de la Sebides a iniciar con los procedimientos de sanciones, a identificar las zonas frecuentes y coordinarse con los ayuntamientos para emitir las denuncias y enviarlas a la Fiscalía General y que sea esta quien haga lo propio.

“Las autoridades tienen que cumplir la parte que les corresponde, tanto los ayuntamientos como la secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, es el área que tiene que vigilar que estas conductas, cuando se cometen sean sancionadas y eventualmente se presenten las denuncias por la Comisión de Delitos Ecológicos y sea la Fiscalía la que responda a los hechos”, comentó.

Agregó que es una práctica que tiene muchos años y que no se ha podido erradicar del todo, sin embargo, es el trabajo de las dependencias lo que debe hacer que se respete esta medida de la prohibición.

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