Rechazan reforma: Se oponen a la fusión de Imjuve, Inapam, Comar y otras

CIUDAD DE MÉXICO. – Más de 500 organizaciones de la sociedad civil llamaron a las y los legisladores del Congreso de la Unión, a impedir que prospere la iniciativa de ley enviada a la Cámara de Diputados en días pasados, con la cual se busca desaparecer o fusionar a 18 organismos y entidades federales. 

A través de un comunicado, sostuvieron que durante años, el poder legislativo luchó por la creación y el desarrollo de dichas instituciones, entre las que destacan el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), la Comisión Mexicana de ayuda a Refugiados (Comar), el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), la Secretaría del Sistema Nacional Anticorrupción, y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, entre otros. 

«Lucharon por la igualdad de derechos de las niñas y contra sus violencias, por el derecho al refugio de personas en peligro de muerte, o por mejorar la gravísima situación de las y los jóvenes», indicaron. 

Las más de 500 organizaciones ciudadanas afirmaron que se contradice el marco Constitucional pues se afecta el Principio Pro Persona, el Interés Superior de la Niñez, y la búsqueda de la Igualdad de Género, «en razón de que son mujeres siempre las más afectadas en todos los grupos de población». 

«No hay ninguna clara razón presupuestal o programática que permita justificar este recorte institucional. Por el contrario, estos organismos deben ser fortalecidos porque son responsables de poblaciones y de temas ampliamente vulnerados, y, por ningún motivo, deben fusionarse ni desaparecer, pues ello vulnera la autonomía e independencia con el que cuentan, debilita su capacidad de atención a los grupos sociales más vulnerables, y se disminuye la transparencia y la rendición de cuentas en distintos niveles». 

La propuesta, argumentaron, representa un retroceso en la capacidad de resolución pública de graves problemas sociales, porque todas estas instituciones y organismos tienen como mandato legal los derechos humanos de sectores muy amplios de la población, y se crearon respondiendo a compromisos internacionales en materia de derechos humanos. 

«Poner en riesgo la existencia y el funcionamiento de estos organismos anularía muchos procesos de la democracia participativa por los cuales miles de organizaciones ciudadanas y personas han luchado por décadas», concluyeron. 

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