Sinaloa
Congreso de Sinaloa aprueba nueva Ley contra la Extorsión
Congreso de Sinaloa aprueba nueva Ley contra la Extorsión, crea unidad especializada y endurece medidas, incluso por delitos cometidos desde penales
CULIACÁN.- Con el voto del Pleno, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó una nueva Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión, y al mismo tiempo eliminó del Código Penal el artículo que regulaba este delito. Ahora tendrá su propia legislación.
La nueva norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial y consta de 23 artículos divididos en cuatro capítulos, además de tres transitorios. Uno de ellos marca que la Secretaría de Seguridad Pública estatal tendrá 90 días hábiles para emitir una estrategia específica contra la extorsión.
La ley fija reglas claras para prevenir, investigar, perseguir y sancionar este delito, así como para coordinar a todas las autoridades involucradas. También obliga a diseñar programas y políticas interinstitucionales para frenar el problema desde distintos frentes.
La Fiscalía contará con una unidad especializada integrada por ministerios públicos, policías y analistas capacitados y certificados en extorsión. Además, el delito se investigará de oficio, sin necesidad de denuncia formal.
Habrá prisión preventiva oficiosa cuando existan agravantes, y si la extorsión se comete desde un penal mediante celular, se aplicarán sanciones disciplinarias como restricción de movilidad interna, prohibición de dispositivos electrónicos o aislamiento temporal.
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Los directores de centros penitenciarios deberán reforzar controles para impedir acceso a celulares, tabletas o computadoras.
La ley se construyó a partir de nueve iniciativas, incluida una enviada por el gobernador Rubén Rocha Moya. El mensaje es que en Sinaloa, la extorsión tendrá un frente legal más sólido y específico.
Extorsión tendrá castigos de hasta 25 años
La nueva Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar el delito de Extorsión en Sinaloa representa, para la diputada Tere Guerra Ochoa, una respuesta directa a una exigencia ciudadana frente a un problema que se ha agravado en los últimos años.
La diputado destacó que la legislación armoniza con la Ley General y endurece de manera significativa las penas, al pasar de 4 a 12 años a un rango de 15 a 25 años de prisión, con el objetivo de imponer sanciones ejemplares que realmente inhiban este delito.
Señaló que la discusión del tema no fue improvisada, sino resultado de varias semanas de análisis, y que se trata de una ley espejo de la federal.
Subrayó que aprobarla es asumir la responsabilidad de atender una práctica que debe erradicarse y castigarse con firmeza, incluso cuando se origina desde centros penitenciarios.
Además, la legisladora enfatizó la importancia de contemplar la reparación del daño a las víctimas y de responder con seriedad a una problemática que lastima la seguridad y tranquilidad de la población.
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