Senado aprueba Ley General contra la Extorsión y la envía a Diputados

CIUDAD DE MÉXICO. – La Ley en Materia de combate a la Extorsión ya regresó a la Cámara de Diputados para sus efectos constituciones y darle para adelante a esta nueva ley en México. 

Esto luego de que el Senado de la República aprobó el proyecto de decreto para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. 

Así como también modificar otros cinco ordenamientos para uniformar, homologar y armonizar las definiciones de ese delito, las conductas agravantes, las conductas vinculadas, las sanciones, los estándares y protocolos para su investigación. 

El senador Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, mencionó que la reforma diseña y aplica una política de estado en contra de un delito que, como pocos, afecta la seguridad de la sociedad mexicana. 

“Su expansión (la extorsión) se ha potenciado con el uso de tecnologías de la comunicación y en la corrupción que ha permitido que las cárceles y centros penitenciarios se hayan convertido en centros de operación de este delito”.  

Enrique Inzunza Cázarez, senador

El senador sinaloense señaló que la extorsión también despoja a las personas de su tranquilidad, dignidad y sentido de comunidad, por lo que las instituciones del estado mexicano, entre ellas el Senado de la República, tienen la oportunidad de demostrar sin ambages que México no tolerará ese delito en ninguna de sus formas. 

El proyecto de reforma mandata que las fiscalías cuenten con unidades, policías, analistas y ministerios públicos capacitados, evaluados, certificados y especializados en la investigación del delito de extorsión. 

También homologa criterios y procedimientos penales, para que las conductas extorsivas reciban el mismo trato legal, sin importar la entidad federativa donde se cometa.  

«Seguiremos atendiendo las causas, pero seremos inexorables en combatir los delitos, todos los delitos y en todos los lugares… Tanta política social como sea posible y tanta política penal como sea necesaria”, dijo.  

La pena por este delito aumenta en un rango de 15 a 25 años. También se establece que el destino de los recursos obtenidos por la extinción de dominio derivado de la comisión del delito de extorsión, serán aplicados preferentemente a la restitución de los derechos de la víctima de este delito. 

Plantea que se aplicará pena de 10 a 20 años de cárcel a los servidores públicos con atribuciones de prevención, investigación y persecución de los delitos, así como de procuración o impartición de justicia o de vigilancia y custodia en los centros penitenciarios, que se abstengan de denunciar ante el Ministerio Público los delitos de extorsión.  

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También establece una pena de 6 a 12 años de prisión a quien, sin autorización, introduzca a un centro penitenciario algún dispositivo electrónico o componente que permita la transmisión de datos, voz, geolocalización o imágenes mediante telefonía fija o móvil, radiofrecuencia satelital, Internet o tecnología análoga. 

Además, protege de las víctimas, ofendidos o testigos de delitos de extorsión, por lo que las autoridades deberán adoptar medidas protectoras a lo largo de todas las etapas del procedimiento, cuando esté en peligro la vida de los agravados, su libertad o integridad física o mental, o puedan ser sometidos por estar en el procedimiento. 

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