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MAZATLÁN.- El transporte público en Mazatlán ha alzado su voz de manera unida. El martes, dirigentes de 16 organizaciones transportistas de la ciudad se reunieron para unir fuerzas y buscar una reunión con el gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya. Su objetivo es que el gobernador los escuche, ya que están cansados de las demandas colectivas en su contra, interpuestas por un despacho privado de abogados. 

Efrén Landell Osuna, dirigente de la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán, destacó que estas demandas colectivas tienen tiempo en curso y cada organización enfrenta un proceso legal por diferentes cuestiones. 

En el caso de los camiones urbanos, las demandas se deben a la falta de paradas obligatorias y paraderos en la ciudad, así como la exigencia de que las 505 unidades cuenten con equipo de aire acondicionado. 

“Solo pedimos una reunión con el gobernador para ver cómo nos puede ayudar con esta situación. Somos 16 organizaciones y todas estamos pidiendo lo mismo: un acercamiento con él”, puntualizó. 

Efrén Landell Osuna
Dirigente de la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán

Landell Osuna comentó que en la reunión se analizó el tema del aumento de la tarifa del transporte urbano, ya que los costos de los insumos son muy altos y no cubren los gastos actuales. 

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Transportistas tienen temas pendientes 

Por su parte, María Ortega Vizcarra, representante del Frente Transportista de Mazatlán y de los Pulmoneros, señaló que todas las organizaciones de la ciudad, incluyendo camiones urbanos, taxis, pulmonías, camiones de carga, escolar, turístico, personal, Alcampo y empresariales, exigen una pronta reunión con el gobernador del Estado. 

“En esta reunión acordamos hacer un llamado urgente al gobernador para que nos reciba, nos escuche y nos ayude a resolver principalmente dos grandes problemas: las demandas colectivas contra el transporte en Mazatlán y la falta de revisión y actualización de la tarifa del transporte urbano”, subrayó. 

El dirigente aseguró que se abordaron dos temas que amenazan con paralizar y generar una crisis en el transporte público porteño. Hace dos años fueron atendidos por la Dirección de Vialidad y Transporte y por el subsecretario de Gobierno, quienes no han podido dar respuesta y solución a la problemática.

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