Derecho a una vida libre de corrupción y buena administración, eso busca el CPC Sinaloa 

MAZATLÁN. – El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, CPC, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para que se reconozca en el estado el derecho a una vida libre de corrupción y a la buena administración.  

La iniciativa se presentó al Congreso del Estado e ingresada a la Oficialía de Partes, y de aceptarse, leerse y aprobarse, Sinaloa podría ser el quinto estado a nivel nacional con una reforma de este tipo.  

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Los que presentaron la iniciativa fueron Lucía Irene Mimiaga León, Raquel Zapien Osuna, Emmanuel Espinoza Salcido, Carlos Corrales Díaz y César Miguel Valenzuela Espinoza, integrantes del CPC.  

¿Qué se busca reformar?  

La propuesta pretende reformar el artículo 4º Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en materia del reconocimiento del derecho a una vida libre de corrupción y a la buena administración. 

Y de esa manera fortalecer el marco jurídico que protege los derechos humanos de la población sinaloense, los cuales han sido vulnerados de múltiples maneras, acrecentando la desigualdad social y económica.  

Esto, bajo el contexto de que tratados internacionales reconocen que la corrupción y la mala administración pública también debilitan a las instituciones encargadas de establecer el orden, brindar seguridad, procurar justicia y planificar el futuro colectivo. 

“Quienes habitamos Sinaloa vivimos las consecuencias de este mal que trasciende la vida pública”, señala el comunicado de CPC Sinaloa. 

Las leyes internacionales protegen ese derecho

Informó que, además, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), reconoce que los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia amenazan la estabilidad política y el desarrollo sostenible. 

Bajo el marco jurídico internacional y nacional aplicable, corresponde al Estado adoptar medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter para garantizar el ejercicio de los derechos humanos frente a las vulneraciones y restricciones que produce el fenómeno de la corrupción.  

Es necesario, considera el CPC, elevar a rango Constitucional en el Estado de Sinaloa el derecho humano a una vida libre de corrupción y a la buena administración. 

De esa manera, la ciudadanía tendrá mayores alternativas y posibilidades de hacer frente a los actos y hechos que las autoridades puedan cometer en perjuicio del cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas. 

“Hacemos un llamado a la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa para que de curso y celeridad a esta iniciativa de decreto que busca dotar a la ciudadanía de protección constitucional y mayores recursos jurídicos para acceder a la justicia cuando sus derechos humanos sean vulnerados por un acto de corrupción”, manifestaron.