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Congreso de Sinaloa aprueba jornada laboral de 40 horas

Sinaloa avala reforma para reducir jornada laboral a 40 horas gradualmente hasta 2030, sin afectar salarios ni prestaciones

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CULIACÁN.- El Congreso del Estado de Sinaloa dio luz verde, por unanimidad, a la minuta enviada por la Cámara de Diputados para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, modifica el artículo 123 constitucional y ahora necesita el aval de la mayoría de los congresos estatales y de la Ciudad de México para entrar en vigor.

La nueva regla es que la jornada laboral será de máximo 40 horas a la semana y, por cada seis días trabajados, al menos uno de descanso con salario íntegro. Si por razones extraordinarias se extiende la jornada, esas horas se pagarán al doble.

El tiempo extra no podrá superar 12 horas semanales, distribuidas en hasta cuatro horas diarias durante un máximo de cuatro días. Si se rebasa ese límite, el pago será al triple. Y ojo, los menores de 18 años no podrán hacer horas extra.

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El cambio será gradual

En 2026 la jornada seguirá en 48 horas; en 2027 bajará a 46; en 2028 a 44; en 2029 a 42, y en 2030 llegará a 40 horas. La reducción no implicará disminución de sueldos ni prestaciones.

El decreto entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Después, el Congreso de la Unión tendrá 90 días para ajustar las leyes secundarias. La cuenta regresiva ya empezó.

Otras iniciativas en sesión extraordinaria

En sesión pública extraordinaria, el Congreso del Estado de Sinaloa dio primera lectura a una iniciativa del diputado Kristiam Alexis Espinoza García, de Morena, para reformar el artículo 110 de la Constitución local sobre el nombramiento de síndicos y comisarios municipales.

La propuesta plantea que estas autoridades auxiliares sean designadas mediante consulta popular dentro de los 60 días posteriores al inicio del Ayuntamiento, con el objetivo de alinear su gestión al periodo del gobierno municipal en turno.

Actualmente, aunque su encargo dura tres años, en algunos municipios su nombramiento se retrasa hasta 15 meses, provocando desfases en la planeación y ejecución de programas.

Según la exposición de motivos, esta descoordinación puede fragmentar políticas públicas y afectar la continuidad de proyectos comunitarios. La iniciativa también establece que el Ayuntamiento emita la convocatoria en los primeros 20 días tras su instalación.

El proyecto prevé un mecanismo transitorio para homologar periodos rumbo a 2027, sin impacto presupuestal, y fue turnado a comisiones para su análisis.

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