La reforma electoral, tema prioritario para el Congreso este 2026 

MAZATLÁN.- Para este 2026, el Congreso de la Unión ya trae como uno de sus temas centrales y prioritarios el de la reforma electoral, que sí o sí va para adelante, informó la Diputada Federal Graciela Domínguez Nava.  

Mencionó que, en los próximos meses, a partir de que se reanude el próximo periodo de sesiones en el Congreso, la reforma electoral será parte de los temas centrales en la agenda tanto para los diputados como para el Senado.  

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«Ya se están revisando los resultados de los foros que se hicieron durante muchos meses y seguir avanzando en el respaldo de una política que ha venido implementando la Presidenta (Claudia Shienbaum) para buscar un desarrollo económico”.  

Graciela Domínguez Nava
Diputada Federal

Domínguez Nava señaló que este 2026 será clave para ampliar esa política de bienestar en materia de salud, en materia de vivienda y educativa, con grandes expectativas de fortalecer la transformación del país.  

Recordemos que la propuesta de reforma electoral en México para 2026 consiste en una serie de cambios constitucionales y legales que buscan transformar la estructura y operación de las autoridades electorales, reducir costos y modificar la representación popular.   

La reforma electoral que se analiza en el Congreso

Entre los puntos dentro de la reforma están: 

Elección popular de autoridades: La propuesta central es que los consejeros del organismo electoral nacional (actualmente el INE, que pasaría a llamarse Instituto Nacional de Elecciones y Consultas – INEC) y los magistrados del Tribunal Electoral sean elegidos mediante voto directo de la ciudadanía, entre candidatos postulados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

Reducción del Congreso: Se plantea disminuir el número de legisladores. La Cámara de Diputados pasaría de 500 a 300 miembros, y el Senado de 128 a 96, eliminando las candidaturas plurinominales. 

Concentración de funciones: El INEC absorbería las funciones de los 32 organismos públicos locales electorales (OPLE) y los tribunales electorales estatales, con el objetivo de centralizar operaciones y reducir la burocracia. 

Austeridad y financiamiento: La reforma busca una mayor austeridad, proponiendo un recorte significativo al financiamiento de los partidos políticos y del propio instituto electoral. 

Reducción de regidores: Se busca limitar el número de regidores y concejales en los ayuntamientos y alcaldías a un máximo de nueve, con una sola sindicatura por municipio. 

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