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CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados dio luz verde a la nueva Ley General de Aguas y a reformas a la Ley de Aguas Nacionales, marcando el adiós a una norma que llevaba vigente desde 1992. Más allá del choque político, la reforma trae cambios reales impulsados por productores del campo y comunidades que por años reclamaron mayor claridad y justicia en el uso del agua.

Entre los ajustes clave está la garantía de derechos sucesorios: ahora los títulos de concesión podrán heredarse sin perder ni un metro cúbico.

Conagua deberá emitir un nuevo título en máximo 20 días, sin volver a analizar disponibilidad. También se permite la transmisión por fusión o escisión de sociedades.

La reforma reconoce por primera vez a los sistemas comunitarios de agua y los servicios que operan pueblos indígenas y afromexicanos, respetando sus normas internas.

Otro punto central es la regulación del libre alumbramiento (extracción de pozos), con lineamientos que deberán evitar prácticas de acaparamiento. Además, el desvío de cauces para uso agropecuario familiar no será sancionado.

En agricultura, la ley impulsa la tecnificación de riego y establece que el uso y reúso del agua no podrá exceder lo concesionado, protegiendo cuencas y acuíferos. Antes de reducir un volumen por riesgo de disponibilidad, Conagua tendrá que hacer una valoración técnica e informar a los usuarios.

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La reforma también endurece castigos: el cohecho para obtener concesiones podrá alcanzar hasta 14 años de prisión.

Finalmente, las concesiones podrán solicitar prórroga hasta tres años antes de su vencimiento y el Programa Nacional Hídrico deberá actualizarse con criterios sociales, ambientales y de equidad.

Mientras Morena celebra el fin del “negocio con el agua”, la oposición advierte riesgos de control político. El Senado discutirá el paquete este mismo día.

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