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CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) se enfrenta a un desafío sin precedentes: organizar la elección para elegir 881 cargos judiciales en México, prevista para el próximo junio. A seis meses de la votación, el proceso ha sido marcado por suspensiones judiciales y una incertidumbre presupuestal que obligan al INE a trabajar a contrarreloj. 

La reanudación de la planeación de la elección, detenida por más de 500 suspensiones emitidas por jueces, debe ser definida a más tardar este miércoles 20 de noviembre. Si no se cumple con este ultimátum, el INE podría enfrentar multas millonarias y denuncias penales.  

En este contexto, la principal tarea será la elaboración de la cartografía electoral, que delimitará los lugares donde se votará y organizará otros aspectos esenciales, como la fiscalización de las campañas y la integración de mesas de casilla. 

El INE también se prepara para gestionar un presupuesto de 13 mil 205 millones de pesos, lo que representa un incremento de 5 mil millones respecto a la elección federal de 2024.  

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Los mayores recursos se destinarán a la capacitación de 42 mil 362 capacitadores y 7 mil 251 supervisores electorales, así como a la producción y distribución de materiales electorales. 

Aunque el presupuesto sigue siendo preliminar, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, advirtió que los recursos podrían ajustarse en función de las condiciones del proceso. Además, el INE se encuentra en espera de una resolución final de la Suprema Corte de Justicia para garantizar la continuidad de la elección y evitar más contratiempos. 

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