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MAZATLÁN.- Durante su gira por Mazatlán este viernes, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dio a conocer que las inspecciones extraordinarias al armamento de las policías municipales en el estado continúan bajo la supervisión de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. 

Explicó que este proceso, autorizado por la Licencia Oficial Colectiva (LOC), puede realizarse hasta dos veces al año, sin un plazo específico para su conclusión. 

En el caso de Culiacán, Rocha Moya señaló que el proceso ha tomado más tiempo debido al elevado número de policías, aproximadamente mil 200, quienes deben someterse a una revisión detallada de sus armas. 

“Esto no se trata en la mesa de La Paz, porque es parte de un reglamento de la Licencia Oficial Colectiva (LOC)”. 

Rubén Rocha Moya
Gobernador de Sinaloa

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¿Qué es la LOC? 

“Es la Licencia Oficial Colectiva emitida por el Ejército Mexicano, que establece que las revisiones pueden realizarse dos veces al año o en casos extraordinarios. Los militares son los encargados de realizar estas inspecciones, arma por arma”, explicó el gobernador. 

Rocha Moya enfatizó que este procedimiento es necesario para asegurar que las corporaciones respeten las normativas establecidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).  

Además, indicó que ha mantenido comunicación constante con altos mandos de la Sedena para monitorear de cerca el progreso de las revisiones, aunque recalcó que será la autoridad militar quien determine el tiempo necesario para concluir el proceso en cada municipio. 

Nos preocupa, pero ya se revisa  

Por otro lado, Rocha Moya expresó su preocupación por la reciente aparición de mantas en Culiacán, en las que se mencionaba a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un contexto relacionado con las tensiones entre grupos delictivos en la región.  

El gobernador aseguró que las autoridades están analizando la situación y tomando medidas para mantener el control y garantizar la seguridad de la ciudadanía. 

Rocha Moya reafirmó su compromiso de trabajar en conjunto con las fuerzas de seguridad estatales y federales para evitar que estos mensajes y las acciones de los grupos criminales impacten negativamente en la vida pública del estado. 

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