Reforma judicial y derechos digitales: ¿Qué está en juego?

CIUDAD DE MÉXICO.- La reciente Reforma Judicial en México, que contempla la integración de cinco órganos autónomos y dos comisiones reguladoras a otras dependencias federales, ha encendido las alarmas entre los especialistas en protección de datos personales y derechos digitales. En particular, la posible desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) ha generado preocupación por la seguridad y privacidad en la red. 

Los expertos destacan que acuerdos internacionales, como el T-MEC y el Convenio 108 del Consejo de Europa, obligan a la existencia de autoridades independientes para regular la transferencia de datos entre países.  

Sin una entidad autónoma para supervisar estas transferencias, México podría enfrentar serios problemas para cumplir con estos estándares internacionales, poniendo en riesgo la protección de datos personales y limitando la llegada de empresas extranjeras al país. 

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advierte que los recientes cambios podrían comprometer los avances logrados en la protección de datos, como la aproximación al Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea.  

Estos avances no solo facilitaban la transferencia de datos, sino que también podrían haber convertido a México en un destino atractivo para servicios de tercerización. 

Además, la reforma podría afectar la capacidad del país para desarrollar legislación en áreas críticas como la ciberseguridad e inteligencia artificial. La falta de un ente regulador independiente podría resultar en una administración pública menos segura y menos transparente, afectando el equilibrio entre la libertad de expresión y la regulación de contenidos. 

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