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Sinaloa

ESPECIAL: RETOS DEL SEXENIO

Impunidad y atención a policías #Semanario

Martín Gastélum
Por , Punto MX
El gobernador Quirino Ordaz Coppel tiene dos grandes retos: contar con el suficiente presupuesto para hacerle frente a las demandas de los elementos policiales e implementar acciones contundentes contra la impunidad.

El examen de control de confianza será el principal acicate para el Gobierno del Estado ya que sus resultados son prácticamente inapelables y obligan al gobierno a despedir a los “no aptos”.

La medida es impugnable jurídicamente, pues dada la subjetividad de sus principios de evaluación, los elementos pueden acudir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo; a la fecha, un centenar de agentes han utilizado este recurso, la mayoría obtuvieron laudo favorable pero no pudieron ser readmitidos en la corporación.




En esta situación se encuentran al menos 600 elementos estatales que, de recurrir al juicio, solo por indemnización de ley, el gobierno requerirá de aproximadamente 300 millones de pesos.

Además, durante el periodo del gobierno de Quirino Ordaz, el 50 por ciento de la fuerza policial estará en condiciones de retirarse de manera anticipada o jubilarse.
Según la Secretaría de Administración y Finanzas, Gobierno del Estado requerirá de al menos 500 millones de pesos para hacerle frente a la prestación legal.




IMPUNES EL 98% DE LOS DELITOS

Aun cuando Mario López Valdez aseguró haber logrado disminuir en un 53 por ciento la incidencia delictiva y alcanzar una eficiencia del 98 por ciento en sentencias condenatorias, lo cierto es que 98 de cada 100 delitos no son castigados en Sinaloa.

El único delito que prácticamente tiene tasa cero de impunidad es el de secuestro, siempre y cuando la víctima o victimario, no esté relacionado con la delincuencia organizada.

En materia de Procuración de Justicia, quizás el tema más importante es el de la tortura. Entre los más sonados está el caso de Yecenia Armenta Graciano, quien fue acusada de planear y organizar el homicidio de su esposo Alfredo Cuén Ojeda el 2 de julio de 2012. Yecenia salió de la cárcel cuatro años después exonerada de toda culpa, ya que su abogado alegó y demostró que fue torturada y violada por sus captores, por lo que un Juez de Distrito le concedió un amparo.

Este y otros casos, vinieron a demostrar la incapacidad investigativa de la Policía Ministerial, debido a graves errores procedimentales, en especial de los elementos de la Unidad Modelo de Investigación Policial.




En septiembre de 2014, Juan Carlos Cristerna Fitch, fue liberado luego de obtener un amparo de la justicia federal alegando que su detención fue arbitraria y, además, sometido a tortura física y psicológica para declararse culpable del homicidio de la docente universitaria, Perla Vega Medina, su expareja sentimental, hecho ocurrido el 27 de mayo de 2012.

El hecho criminal que pudiera considerarse como el más claro ejemplo de la impunidad es el del homicidio del exsecretario de Turismo Antonio Ibarra Salgado, privado de la vida en la ciudad de Culiacán el 22 de diciembre de 2009. Para esclarecer su homicidio se creó una fiscalía especial, sin embargo, esta solo operó durante un año.

También permanecen en la absoluta impunidad los homicidios de Luis Domingo Pérez, ocurrido el 28 de enero; de Olivia Alonso Pérez, perpetrado en el mes de junio; del abogado Francisco "Fuco" Urrea, este en el mes de julio y el del periodista Humberto Millán, ocurrido en el mes de agosto, todos durante el primer año de mandato de Mario López Valdez; durante el mes de octubre de 2014, el asesinato del líder del movimiento de desplazados de la presa Picachos, Atilano Román Tirado, cimbró al gobierno pero, al paso del tiempo, el olvido de su gente y de la autoridad se ha impuesto sobre la voluntad de la justicia.




INVESTIGACIÓN PROFESIONAL

Ante estos escenarios, el gobierno de Quirino Ordaz Coppel, por un lado deberá enfrentar la necesidad de contar con personal policial capaz y profesional que, mediante el respeto a los derechos humanos y en cumplimiento a la normatividad vigente, pueda realizar las investigaciones que requiere el nuevo modelo de justicia penal implementado desde junio de 2016 en todo el estado.

Pero, además, deberá hacerle frente al cumplimiento de una serie de prestaciones laborales para las cuales, la pasada administración de Mario López Valdez, solo le dejó el marco legal pero no los recursos ni los mecanismos para obtenerlos.