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SINALOA

Congreso da entrada a creación del SAT estatal

Redacción
Por , Punto MX
CULIACÁN.- Los integrantes de la LXII Legislatura conocieron cinco iniciativas presentadas por el titular del Poder Ejecutivo en el Estado, entre las que se encuentran tres nuevas leyes.

En primera instancia se le dio trámite a la propuesta para que se expida la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa, la cual contempla regular la constitución, organización, funcionamiento, coordinación, control y desincorporación de las entidades paraestatales de la Administración Pública del Estado, en la que se reseña las condiciones de las entidades paraestatales, así como las condiciones y causas para su desincorporación.

El proyecto de Ley que consta de Sesenta y Nueve Artículos Naturales y Diez Artículos Transitorios y una vez conocido recibió la dispensa de la segunda lectura turnándose para su estudio y dictamen a la Comisión de Hacienda Pública y Administración.

Enseguida se dio lectura a la propuesta para expedir la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, con la que busca reglamentar los artículos 43 fracción XXI, 65 fracción VI, 145, 146 y 155 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en materia de planeación presupuestaria, programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación de los ingresos y egresos públicos, trasparencia fiscal y rendición de cuentas, por lo que “ha tomado la decisión de actualizar, modernizar y hacer más eficiente y corresponsable su sistema de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control, seguimiento y evaluación de los ingresos y egresos públicos.

El objetivo de tal decisión es que el pueblo de Sinaloa cuente con elementos que garanticen que las acciones de gobierno estén orientadas a resultados en favor de los sinaloenses, con objetivos y metas medibles, con un seguimiento puntual de los avances, y con evaluaciones de los resultados, con el fin de que la gestión de gobierno sea más eficaz y eficiente para alcanzar un mayor grado de desarrollo en beneficio de Sinaloa”.

Posteriormente, se conoció la iniciativa en la que el Ejecutivo propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada; de la Ley Orgánica de la Administración Pública; de la Ley de la Auditoría Superior del Estado y de la Ley de Gobierno Municipal, con la que busca enmarcar este texto jurídico en la planeación, programación y presupuestación de los recursos públicos, ya que este instrumento debe facilitar la interacción de los sectores público y privado en aquellos proyectos que generen productividad y que sean una estrategia de crecimiento a largo plazo, pero no por ello se sustraen de la acción, cuidado y vigilancia del Estado, ya que el correcto uso de esta herramienta dará mayor certeza e incentivará al sector privado a participar en proyectos conjuntos con el gobierno.

Del mismo modo, busca establecer las responsabilidades de todos los servidores públicos de todos los órdenes y niveles de gobierno, estableciendo, en primer término, las responsabilidades de la Administración Pública del Estado en el manejo de los recursos públicos, asimismo, señalando las responsabilidades de los servidores públicos en el ejercicio de su encargo y por último, dotando al órgano fiscalizador y a esta Soberanía de las facultades necesarias para que en el ámbito de sus competencias sean parte de este proceso que busca sanear y equilibrar las finanzas del Estado.

Otra de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo, pretende la expedición de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Sinaloa y sus Municipios, tiene como objetivo establecer los criterios, bases y requisitos para la programación, autorización contratación, registro y control de la Deuda Pública y las Obligaciones que regirán al Estado, sus Municipios y a los demás Entes Públicos sujetos a esta ley, quienes se sujetarán a las disposiciones establecidas en esta ley en materia de deuda pública y administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, trasparencia, control y rendición de cuentas.

La quinta de este conjunto de iniciativas, contiene reformas a diversas leyes, así como la creación de dos más: la de Servicio de Administración Tributaria y la Orgánica de la Procuraduría Fiscal, ambas para el Estado de Sinaloa, la primera tiene como objeto aplicar la legislación fiscal a fin de promover y garantizar que las personas físicas y morales contribuyan al gasto público estatal; recaudar las contribuciones, impuestos, derechos, aprovechamientos, productos estatales y cualquier otro ingreso que el Estado tenga derecho a percibir independientemente de su naturaleza jurídica o denominación.

Mientras que la segunda, pretende establecer la organización y funcionamiento de la Procuraduría Fiscal del Estado, para el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le confieren la presente ley, su Reglamento, el Reglamento Interior de la Secretaria, y demás disposiciones legales aplicables.

Cita que el Procurador será designado por el titular del Poder Ejecutivo, quien le tomará la protesta de ley correspondiente; el Procurador, durante el ejercicio de su encargo, no podrá desempeñar ningún otro cargo público, de elección popular, empleo o comisión, salvo que se trate de actividades estrictamente académicas.

Por otra parte, se le dio lectura a la iniciativa de los diputados integrantes del grupo parlamentario del PAS, para reformar la Ley de Hacienda estatal, para que los vehículos automotores que tengan una antigüedad mayor de diez años, sigan cubriendo la misma cantidad determinada en el año inmediato anterior por concepto del pago de derechos relativos a placas, tarjeta de circulación, calcomanías y refrendo.

Posteriormente, recibió trámite la iniciativa del diputado Roberto Ramsés Cruz Castro (PAN), para reformar la Constitución Política del Estado de Sinaloa, para eliminar el llamado “veto de bolsillo” de las aprobaciones realizadas por el Poder Legislativo y su no publicación por parte del Ejecutivo del Estado, toda vez que el Gobernador cuenta con ocho días útiles para realizar observaciones sobre las aprobaciones, y vencido ese plazo, “el Ejecutivo dispondrá de tres días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto”, en caso de incumplir ese segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso ordenará dentro de los tres días naturales siguientes su publicación.