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Fuente: DOF
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Político millonario

Vaya laberinto en el que se metió el diputado local Roberto Cruz Castro al hacer público el contenido de su Declaración Inicial de Situación Patrimonial, en la cual manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que el total de sus bienes ascienden a la cantidad de 65 millones de pesos. Este acto jurídico llama la atención porque Roberto Cruz fue servidor público, del gobierno del estado, por más de tres años.
 
En un hecho sin precedente en la historia política de Sinaloa, al inicio de la administración de Mario López Valdez, el gobernador y los integrantes de su gabinete hicieron públicas las cuantías de sus respectivos peculios. De esa manera los sinaloenses conocieron que Roberto Cruz, entonces coordinador de asesores del gobernador, contaba con 37 millones de pesos en bienes inmuebles, muebles y dinero.
 
Ahora, cinco años después, con una simple operación aritmética se determina que el panista Roberto Cruz aumentó el caudal de su patrimonio en 28 millones de pesos -un 76 por ciento- en solo sesenta meses. Con estos resultados de crecimiento económico este joven soltero, de cuarenta y tres años de edad, bien podría ser consultor  de Carlos Slim o mínimo director de la Bolsa Mexicana de Valores.
 
Roberto Cruz tendrá que dar una explicación a la opinión pública, de cómo logró enriquecerse en tan poco tiempo y si se aprovechó de los cargos públicos que ejerció -coordinador de asesores del gobernador y de secretario de Desarrollo Económico- para lograr tal enriquecimiento que no se corresponde con el crecimiento de los mercados económico y financiero, ni de nuestro estado, ni de nuestro país. La explicación deberá ser clara, objetiva y convincente.
 
 
Declaración 3 de 3
 
“Nadie tiene porqué enriquecerse desde el poder, nadie puede tener más de lo que gana lícitamente, nadie debe hacer negocios al amparo de las relaciones con el gobierno, pero sobre todo, nadie debe seguir el penoso camino de la corrupción”, afirmó el diputado Carlos Castaños Valenzuela, coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, al dar a conocer que seis, de sus siete integrantes, presentaron sus respectivas declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.
 
Es pertinente reconocer la voluntad de los diputados y diputadas panistas que ya presentaron su 3 de 3 que promueve el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) porque con ello abonan a la construcción de una nueva cultura de transparencia y rendición de cuentas. Estos son sus nombres: Silvia Treviño, Tania Morgan, Francisca Henríquez, Juan Pablo Yamuni, Zenén Xochihua y Carlos Castaños. Solo faltó Roberto Cruz.
 
Con esta acción el resto de los grupos parlamentarios están políticamente comprometidos a imitar el buen ejemplo que sus compañeros del Partido Acción Nacional les han puesto. Por cierto, el primer diputado local en publicar su 3 de 3, fue Jesús Ibarra, del Partido Nueva Alianza.
 
La sociedad debe conocer la condición económica de quienes aspiran a un cargo de elección popular, para que cuando concluyan su mandato puedan determinar si se enriquecieron aprovechando sus posiciones políticas. De ahí la importancia clave de la declaración 3 de 3, misma que ha sido ignorada por la gran mayoría de los representantes populares de nuestro estado.
 
El portal del IMCO en Internet también registra a los sinaloenses integrantes del Congreso de la Unión que aceptaron la invitación para publicar sus 3 de 3. Ellos son: el senador Francisco Salvador López Brito (PAN), el diputado Jesús Antonio López (PAN), el diputado Bernardino Antelo (PRI) y el diputado independiente Manuel Clouthier.
 
De lo anterior surge la pregunta siguiente, ¿por qué el resto de nuestros representantes populares -33 diputados locales, 7 diputados federales y 3 senadores- no han querido transparentar sus estados patrimonial, fiscal y de intereses?
 
Su negativa fortalece la opinión que el pueblo tiene de los políticos: “no más llegan al gobierno, se olvidan de la gente y solo buscan como hacerse ricos”.